Por: Hernán Torre
La semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner anunció en cadena nacional el incremento de la asignación universal por hijo (AUH), desde el valor preexistente de $460 a $644 (40% de aumento). La AUH es un subsidio otorgado a los hijos de personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o cuyo ingreso es inferior al salario mínimo vital y móvil, a partir de su nacimiento y hasta los 18 años. Para el cobro de la ayuda, es necesario que los menores asistan a la escuela, tengan al día su calendario de vacunación y realicen visitas periódicas a los centros sanitarios. De esta manera, se les provee no sólo una ayuda monetaria, sino también educación, salud e higiene.
A raíz de este anuncio, se ha generado un debate acerca del impacto que esta ayuda social tiene en sus beneficiarios y cuál es el poder adquisitivo de la misma, bajo un contexto inflacionario de 30-35%. Desde el oficialismo se establece que tanto la pobreza como la indigencia han sufrido un progresivo descenso desde 2003 debido a la creación de puestos de trabajo y la ampliación de las transferencias a los sectores más vulnerables. Como argumento, se establece que el poder adquisitivo de la AUH ha crecido a la par de los incrementos realizados por el Gobierno, llegando en estos momentos a su nivel real más alto.
No obstante, otros intelectuales sostienen que los procesos de descenso de la pobreza y el grado de eficiencia de la AUH han sido amortiguados – y revertidos – a raíz de la aceleración inflacionaria que caracteriza los últimos años de coyuntura económica del país. Para contrastar ambas afirmaciones, se calculó la evolución del poder de compra de la AUH desde su implementación, utilizando diferentes índices de inflación (oficial y alternativos).
Gráfico I: Evolución del poder adquisitivo de la AUH desde su implementación
Si bien es posible advertir el sesgo que introduce el uso de diferentes índices para pasar de valores nominales a reales, puede establecerse que la AUH está en su período de mayor poder adquisitivo. No obstante, al usar un índice más cercano a la realidad (IPC-Congreso, IPC-San Luis) la perspectiva a futuro hace pensar que, de mantenerse el aumento de precios en los niveles presentes (alrededor de 2%), en 5-6 meses el poder de compra habrá disminuido respecto del momento de su implementación en Noviembre 2009.
Para poder defender a todas aquellas personas que tienen ingresos fijos en moneda nacional, es imprescindible combatir la inflación y reducirla a – por lo menos – cifras de un solo dígito. De esta manera, la pérdida de poder adquisitivo será gradual y los ajustes, no tan necesarios.
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